El temor burgès a l’alliberament nacional català en el marc de la revolució socialista

Un informe a Mariano Rajoy de la VI Brigada d’Informació trastoca el pacte d’Artur Mas amb ERC.

‘INFORME ASSEMBLEA’ atura el 9-N i determina el 18 de Brumari d’Artur Mas.

L’ANC es transformarà en Convergència de la mà de Carme Forcadell al servei d’Artur Mas.

 [16/10/2014] 

Diversos factors apunten a unes properes eleccions autonòmiques catalanes on ERC i la CUP quedarien arraconades pel triomf d’Artur Mas de la mà de Carme Forcadell i els sectors infiltrats per l’imperialisme occidental dins l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). Dins la campanya ‘Ara és l'hora’ hi haurà l'acte central de la campanya el pròxim diumenge, 19 d'octubre, a la plaça Catalunya de Barcelona, i serà en aquest acte en el qual intervindran les presidentes de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Carme Forcadell i Muriel Casals, respectivament. Allà, els organitzadors d'"Ara és l'hora" expressaran la transformació de l’ANC en formació política que presentarà el proper mes de març una candidatura a la presidència de la Generalitat de Catalunya encapçalada pel mateix Artur Mas. El 18 de Brumari d’Artur Mas, que subsisteix la consulta de la Generalitat del 9-N, serà una enquesta electoral de cara a la maquinació burgesa per les eleccions autonòmiques avançades el mes de març proper.  

El temor burgès a l’alliberament nacional català en el marc de la revolució socialista que es desprenia d’un informe a Mariano Rajoy de la VI Brigada d’Informació va trastocar el pacte d’Artur Mas amb ERC. És a dir, el denominat ‘INFORME ASSEMBLEA’ atura el 9-N i determina el 18 de Brumari d’Artur Mas.

Finalment, la burgesia nacional catalana i la cúpula de Convergència, a l’entorn d’Artur Mas i les seves cortesanes polítiques Forcadell i Casals, van analitzar la certesa de la seva incapacitat d’aturar les masses explotades i oprimides del Principat de Catalunya en el cas d’un xoc de trens del Govern de la Generalitat i l’aparell repressiu de l’Estat capitalista espanyol el 9 de novembre, cosa que fa que Artur Mas transformi una consulta oficial en una ficció populista i electoralista que Karl Marx en diria 18 de Brumari.

Però, el socialisme revolucionari català d’alliberament global, a nivell nacional i social al mateix temps, no quedarà esclafat per un 18 de Brumari en qualsevol forma o engany: la independència nacional serà obra de la classe obrera i les capes populars, sense interclassisme al servei de la burgesia nacional catalana i els nous aparells polítics de domi de masses, com ara l’ANC. La independència serà socialista o no serà. 

Podeu llegir a títol de document l’article de la revista ‘TIEMPO’ (núm. 1.668), que signa Antonio Fernández, publicat el passat 3 d’octubre. Que cada companya i company en tregui el seu propi anàlisi polític.     

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Miedo a la kale borroka catalana

Radicales independentistas planean acciones violentas

Grupos anarquistas y antisistema aprovecharían las algaradas

Los servicios secretos manejan una lista de activistas a los que controlan 

TIEMPO núm.1.668 [03-09/10/2014] (páginas 16-21) ANTONIO FERNÁNDEZ 

La posibilidad de que las movilizaciones a favor del referéndum acaben en altercados callejeros en Cataluña cobra fuerza. Un informe confidencial pone nombres y apellidos. 

¿Cómo gestionarán los independentistas catalanes la frustración de los ciudadanos si, finalmente, no se realiza el prometido referéndum del 9 de noviembre? Esta pregunta corre de  boca en boca entre las filas de los opositores a la consulta, pero también se la hacen dentro de las filas de Convergencia y ERC. El Gobierno central ya se ha puesto la venda antes de la herida y tiene sobre la mesa informes confidenciales que desmenuzan la composición de los principales movimientos sociales catalanes para prever cualquier reacción ante la suspensión del referéndum: ha detectado un núcleo duro en la Asamblea Nacional Catalana (ANC) al que vigila de cerca, aunque hasta ahora todas las movilizaciones convocadas por esta organización han sido pacíficas y se han desarrollado sin ningún tipo de altercado. 

Nadie pone en duda que gestionar la frustración popular no será fácil, especialmente cuando desde algunos partidos políticos y desde el propio Gobierno autonómico se ha insistido tanto en que habría referéndum porque sería legal. En realidad, todos sabían que este tema acabaría en la situación en que está ahora. No hacía falta ser adivino, era el desarrollo lógico de los acontecimientos, pero desde las organizaciones partidarias de la independencia se dio la orden de evitar caer en el “derrotismo”. Luego, en privado, todos los dirigentes reconocían que, con la ley en la mano, el referéndum no se podría hacer.

A nadie se le escapa, sin embargo, que hay un sector radical que no acepta de buen grado la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la validez de la ley de consultas que Artur Mas aprobó el pasado 19 de septiembre ni el decreto de convocatoria del referéndum. Es un sector pequeño y muy localizado entre los miembros de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la principal organización cívica que apoya el proceso independentista y la organizadora de las grandes movilizaciones desde el año 2012.

Los segmentos más radicales del independentismo han llegado a sopesar el fomento de la kale borroka en las calles catalanas. Y, como medida alternativa, la declaración unilateral de independencia, aunque para esto último se considere que “es preciso que los ciudadanos se movilicen en la calle”. 

Los documentos internos de estos sectores son explícitos: ante la imposibilidad de celebrar legalmente el referéndum y con una Generalitat neutralizada, los independentistas tienen claro el camino a seguir: “Hacernos presentes el día 9 de forma masiva y pacífica en los colegios electorales y exigir poder ejercer el derecho de voto y no movernos hasta poderlo ejercer”. Si esta medida no es efectiva, el siguiente paso sería “concentrarse y ocupar determinados puntos estratégicos en toda Cataluña, en especial ante el Palau de la Generalitat y el Parlamento catalán de forma pacífica, multitudinaria y de carácter indefinido hasta conseguir el objetivo de ejercer el derecho de voto y tener garantías respecto al resultado”. 

También prevén una “acción de reivindicación masiva, pacífica, de carácter indefinido que combine movilizaciones y ocupaciones y afecte a todos los centros neurálgicos administrativos, productivos, transporte, comunicaciones, enseñanza, energía, servicios públicos, etcétera, exigiendo el derecho a votar el 9-N”.  

Movilización creciente  

Los independentistas proponen, asimismo, organizar “una paralización intermitente en algunos sectores e indefinida en otros de manera ‘espontáneamente progresiva’: comenzar por el cierre indefinido de universidades e institutos y posteriormente de algunos centros productivos, algunas áreas de funcionariado, etcétera, de manera que vaya in crescendo la participación en el paro indefinido y las adhesiones a la medida. Al mismo tiempo, hacer paros generales intermitentes, con la paralización de todas las actividades –con excepción de las de emergencia– y con las calles vacías y los comercios cerrados, de duración variable y siguiendo las consignas que se irán dando, y con concentraciones masivas reivindicativas (dentro de los paros) en horas y lugares predeterminados”. Finalmente, “una vez constatado que no es posible ejercer el voto por incumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno catalán, será preciso pedir su dimisión, provocar su caída y optar por la constitución de un Gobierno de concentración transitorio de emergencia con la única finalidad de permitir votar al pueblo de Cataluña y respetar los resultados obtenidos”. 

Si el Gobierno autonómico llega a ser intervenido por el Gobierno central, además, los radicales llevarán a cabo “acciones de reivindicación ante el Gobierno catalán y de insumisión e insubordinación frente al Estado español” y organizarán “Comités de Acción por el Referéndum”. Paralelamente, no se descarta “organizar acampadas indefinidas ante organismos internacionales con personas de renombre en cada lugar que nos hagan de portavoz” y la solicitud de la presencia “de observadores internacionales y de los derechos humanos”.  

Rechazo de la violencia  

¿Cómo se ejercitarán estas movilizaciones? En algunos círculos se teme que este sector pueda llegar a provocar altercados. Pero tanto desde los partidos políticos como desde la Asamblea se desmiente esta posibilidad. “Los alborotadores son solo una pequeñísima parte de los independentistas y nadie les seguirá en una estrategia de tensión”, señala a Tiempo una fuente interna de la ANC. Un dirigente de Esquerra Republicana también apunta en la misma dirección y, además, añade: “Nosotros somos los últimos interesados en que se produzcan altercados, porque eso desacreditaría todo el proceso. Especialmente en el contexto internacional, se nos cerrarían todas las puertas”.

Desde CiU, se insiste en que “este es un proceso radicalmente popular, pacífico y democrático y descartamos cualquier atisbo de violencia. No hay más que ver lo impecables que fueron todas las movilizaciones que se han realizado hasta ahora. El 11 de septiembre, con casi dos millones de personas en la calle, no se produjo ni un solo incidente. No permitiremos que un puñado de descerebrados pueda echar a perder todo el proceso”, indica un alto cargo convergente. Ese control, además, no viene solo de las organizaciones partidarias de que el proceso se haga plácidamente, sino también por parte de la policía autonómica -los Mossos d’Esquadra-, que vigila de cerca para evitar que se produzcan alborotos. 

Miquel Sellarès, uno de los impulsores de la ANC, afirma rotundo que “no es previsible ningún brote de violencia. Es más: el primero que utilice la violencia ha perdido”. Sellarès añade que “en estos momentos, el liderazgo de Carme Forcadell en la Asamblea es indiscutible. Lo ha hecho bien y se lo ha trabajado mucho. Y ha llevado una estrategia pacífica y ejemplar que no va a ser empañada por nadie”.

En el caso de Barcelona, además, hay un problema añadido: existe un importante colectivo anarquista y antisistema que podría sumarse al movimiento independentista, que sería más incontrolable. No hay más que ver los altercados de revueltas callejeras que han tenido lugar en la capital catalana los últimos años y que duraron semanas. Este sector, sin embargo, está muy controlado por la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), el partido que tiene tres diputados y que apoya el proceso unitario junto a CiU, ERC e ICV. Aun así, no se descarta que un núcleo duro de los okupas -que ya consideran a los tres diputados de la CUP traidores y vendidos al sistema- pudiera involucrarse en el proceso y enturbiarlo.  

Un informe confidencial  

Desde Madrid, sin embargo, la posibilidad de lucha callejera o kale borroka se ve muy factible. El Gobierno de Mariano Rajoy dispone de un dossier titulado Informe Asamblea, en el que se desmenuza esta organización, considerada clave en el proceso independentista. 

Este informe, al que ha tenido acceso Tiempo y que está catalogado como confidencial, detalla que la ANC se creó el 30 de abril de 2011 contando su núcleo dirigente inicial “con unas 30 personas, cuyo objetivo es separar a Cataluña del resto de España”. El dossier relata también que CiU ayudó a la organización desde el primer momento poniendo a su disposición “cadenas de televisión, emisoras de radio, diarios, organizaciones, fundaciones, asociaciones deportivas, lúdicas, culturales, musicales y empresas públicas”. 

A principios del mes de marzo de 2012, según el informe, los dirigentes de la ANC se entrevistaron con el portavoz del Gobierno catalán y consejero de Presidencia, Francesc Homs, y este “se compromete a participar” en los preparativos de la que sería la primera gran macro manifestación del 11 de septiembre, la Diada Nacional de Cataluña, que fue un clamoroso éxito.

“La ANC exige a la Generalitat el control absoluto de los medios de comunicación que dependen de las subvenciones públicas”, añade el documento. Y, al mismo tiempo, exige a CiU “que fuerce a sus concejales y alcaldes a sumarse a la manifestación, ya que no todos ellos son partidarios de manifestarse bajo lemas claramente separatistas”. 

El informe subraya literalmente que “fruto de la investigación de diversas fuentes abiertas, se ha podido saber que algunos de los miembros de la ANC -los ‘verdaderos dirigentes’- esconden sus nombres y ‘pasado’ y no han sido dados a conocer a la opinión pública”. Y continúa: “Entre ellos, hay alcaldes de CiU y políticos de Esquerra Republicana. Pero lo preocupante es que también se encuentran separatistas radicales y varios destacados miembros que han pertenecido a banda armada”.  

El núcleo duro  

A continuación, hace una breve sinopsis del núcleo que considera más radical, esbozando algunos antecedentes. Comienza por Carles Castellanos, exmilitante de Terra Lliure “que estuvo detenido en múltiples ocasiones”, condenado por terrorismo, “notorio propagandista de la organización terrorista ETA y su entorno. Fundador del PSAN [Partit Socialista d’Alliberament Nacional], MDT [Moviment de Defensa de la Terra] y que paga actualmente cuota en la CUP”. Carles Benítez es otro de los dirigentes de ese núcleo preocupante. “Detenido por haber sido uno de los máximos dirigentes de la organización terrorista Terra Lliure, pasó por el MDT y ahora milita en la CUP”. El tercero de la lista es Josep Maria Terricabras, actual eurodiputado de ERC. El informe lo define como “activista antifascista y contra cualquier cosa que tenga la mínima connotación española. Recibe un trato muy favorable de los medios informativos catalanes”. 

En la lista aparecen también Ignasi Argemí, más conocido como Aureli Argemí, “antiguo sacerdote pro etarra, fundador del Ciemen [Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions] (entidad subvencionada)” y las hermanas Eva y Blanca Serra. De la primera señala solo que fue “detenida en multitud de ocasiones por delitos de terrorismo”. De la segunda, que fue acusada de “colaborar con ETA en julio de 1980 y de pertenecer a Terra Lliure”.

Dos nombres más completan el núcleo duro de la independencia: el cantante Francesc Ribera, Titot (“que en sus conciertos solía homenajear a los presos de Terra Lliure y de ETA”) y Josep Planas, detenido por la Guardia Civil en 1992 por “un delito de terrorismo”. 

El informe concluye que “la ANC es un verdadero entramado perfectamente diseñado para llegar a todos los rincones de Cataluña con solo un objetivo: crear un enorme tejido social que abogue por la independencia. Bajo la apariencia de una organización privada dirigida por personas intachables, nos encontramos con dirigentes en la sombra con un pasado simpatizante o relacionado directa o indirectamente con bandas armadas como Terra Lliure y ETA. Todo ello, subvencionado desde la Generalitat de Cataluña”. Y zanja: “La Asamblea, al final, actúa como el ‘brazo ejecutor’ de las consignas soberanistas por medio de una red de personas, campañas y asociaciones que siembran día a día la semilla independentista”.